El informe Soberanía Digital en Europa 2026, elaborado por Fundación Telefónica y Metroscopia, pone cifras a una percepción que lleva tiempo ganando peso en el debate público: Europa necesita reforzar su autonomía digital.
Pero el valor del informe no está solo en constatar una preocupación creciente. Lo más interesante es que muestra una paradoja: buena parte de la ciudadanía todavía no conoce el término “soberanía digital”, pero sí identifica con claridad sus efectos. Dependencia tecnológica, privacidad, control de los datos, ciberseguridad, inteligencia artificial e infraestructuras críticas aparecen ya como piezas de un mismo tablero.
La soberanía digital europea no puede entenderse únicamente como la aspiración de tener plataformas tecnológicas propias. Es algo más amplio: la capacidad de una sociedad, de sus empresas y de sus instituciones para decidir cómo se gestionan sus datos, qué infraestructuras sostienen sus servicios digitales, bajo qué reglas operan sus tecnologías y qué dependencias estratégicas está dispuesta a asumir.
Una preocupación que existe aunque el concepto aún no sea conocido
Uno de los primeros datos del informe es revelador: solo el 29% de la ciudadanía española afirma haber oído hablar del término “soberanía digital”. En el ámbito empresarial, el porcentaje asciende al 36%, pero sigue siendo minoritario.
Sin embargo, cuando se pregunta por la dependencia tecnológica europea, la percepción cambia por completo. El 82% de la ciudadanía y el 86% de los decisores empresariales considera que Europa depende de empresas tecnológicas de otros países.
Esto plantea una lectura importante: el concepto puede ser todavía técnico o poco extendido, pero el problema ya se percibe socialmente.
La ciudadanía quizá no use de forma habitual expresiones como autonomía digital, soberanía tecnológica o infraestructuras digitales críticas. Pero sí entiende que gran parte de su vida cotidiana, de los servicios públicos, de la actividad empresarial y de la innovación depende de tecnologías, plataformas y proveedores sobre los que Europa no siempre tiene capacidad suficiente de decisión.
La demanda de autonomía también aparece con fuerza. El 86% de la ciudadanía y el 87% de las empresas considera que Europa debería contar con sus propias plataformas y tecnologías para ser más competitiva.
Ahora bien, el informe también muestra una debilidad destacable: dos de cada tres personas no conocen ninguna plataforma tecnológica europea alternativa a los grandes servicios internacionales. En el ámbito empresarial, la situación es muy similar.
Hay, por tanto, una brecha entre deseo y visibilidad. Europa quiere alternativas, pero esas alternativas no siempre son conocidas, accesibles o percibidas como equiparables a las soluciones dominantes.
La buena noticia es que existe predisposición a adoptarlas: el 70% de la ciudadanía y el 69% de los decisores empresariales priorizaría una plataforma europea si ofreciera los mismos servicios y condiciones que una no europea.
La conclusión es directa: la soberanía digital no se decreta. Se adopta cuando existen soluciones competitivas, útiles, fiables y fáciles de integrar.
El dato sensible convierte la soberanía digital en una preocupación cotidiana
La soberanía digital puede parecer un debate abstracto hasta que se aterriza en una pregunta concreta: ¿qué ocurre con nuestros datos?
El informe muestra que la preocupación por el acceso de grandes tecnológicas no europeas a datos personales es muy elevada, especialmente cuando se trata de información sensible.
Los niveles de preocupación son contundentes:
- 90% en información bancaria.
- 85% en información patrimonial y fiscal.
- 79% en geolocalización y movilidad.
- 78% en información sanitaria.
- 71% en información de consumo y compras online.
Estos datos permiten extraer una idea de fondo: la soberanía digital no es solo una cuestión de competitividad industrial. También es una cuestión de confianza.
En los últimos años, los servicios digitales se han vuelto imprescindibles para comunicarnos, trabajar, comprar, movernos, acceder a servicios públicos, recibir atención sanitaria o gestionar nuestra vida financiera. Pero esa dependencia cotidiana convive con una percepción de desprotección.
El informe señala que el 63% de la ciudadanía no se siente protegida frente al uso indebido de sus datos personales cuando utiliza servicios digitales. Además, el 78% considera probable que grandes plataformas vendan o cedan sus datos sin permiso.
Este dato no debe leerse solo como una desconfianza hacia determinadas empresas. Refleja un problema más estructural: la ciudadanía no percibe que tenga suficiente control sobre lo que ocurre con sus datos una vez entran en determinados ecosistemas digitales.
Y ahí la soberanía digital empieza a tener una dimensión más concreta. No se trata únicamente de dónde se almacenan los datos, sino de quién puede acceder a ellos, con qué finalidad, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo, con qué trazabilidad y con qué capacidad de auditoría.
Esta preocupación es especialmente intensa en sectores como salud, servicios sociales, finanzas, movilidad, educación, justicia o administración pública. En estos ámbitos, los datos no son un recurso neutro: afectan a derechos, decisiones, acceso a servicios, privacidad y confianza institucional.
La soberanía digital no empieza en la aplicación: empieza en la infraestructura
Una parte importante del debate público sobre soberanía digital se concentra en las plataformas visibles: redes sociales, buscadores, aplicaciones de productividad, servicios de mensajería o herramientas de inteligencia artificial.
Pero el informe muestra que la soberanía digital se juega también en capas menos visibles y más determinantes.
Cuando se pregunta a las empresas por los ámbitos donde perciben mayor dependencia de proveedores no europeos, la inteligencia artificial aparece en primer lugar, con un 73%. Le siguen los servicios cloud, con un 48%; la ciberseguridad, con un 39%; las plataformas de comunicación, con un 33%; el almacenamiento de datos, con un 27%; el software empresarial, con un 20%; y la conectividad, con un 16%.
Esta fotografía es importante porque desplaza el debate desde la superficie hacia la arquitectura real del ecosistema digital.
La soberanía digital depende de aplicaciones, sí. Pero también depende de centros de datos, servicios cloud, redes de telecomunicaciones, ciberseguridad, sistemas de identidad, estándares de interoperabilidad, mecanismos de auditoría y capacidad técnica para operar infraestructuras complejas.
El informe también recoge qué capacidades considera importantes la ciudadanía para reducir la dependencia exterior y mantener el control de los datos. Los resultados son elevados:
- 86% considera importantes los servicios de ciberseguridad propios.
- 86% considera importantes las redes de telecomunicaciones.
- 83% considera importantes los centros de datos.
- 79% considera importantes los servicios cloud.
Además, el 77% considera que las redes de telecomunicaciones son una infraestructura crítica para la soberanía digital.
Este punto es destacable porque ayuda a evitar una lectura superficial: Europa no necesita solo más aplicaciones europeas. Necesita una base tecnológica robusta sobre la que puedan desarrollarse servicios públicos, soluciones empresariales, inteligencia artificial, espacios de datos, investigación, industria y administración digital.
Sin esa base, la autonomía se vuelve frágil. Puede haber buenas aplicaciones, pero dependerán de infraestructuras, plataformas o reglas de terceros.
Regular no basta: Europa necesita capacidad de respuesta
El informe muestra un apoyo claro al papel público. El 87% de la ciudadanía y el 91% de las empresas cree que los gobiernos europeos deberían impulsar el desarrollo de tecnología propia.
También aparece una preferencia destacable: cuando se pregunta qué papel debería tener Europa para garantizar alternativas, la mayoría se inclina por impulsar el desarrollo de alternativas tecnológicas europeas antes que limitarse a regular el poder de las grandes plataformas no europeas.
Esto no significa que la regulación no importe. Europa ha desarrollado un marco normativo avanzado en protección de datos, gobernanza, mercados digitales, inteligencia artificial y uso responsable de la tecnología. Pero la regulación, por sí sola, no genera capacidades industriales ni tecnológicas.
El reto está en combinar regulación, inversión, adopción y colaboración.
Regular sin construir alternativas puede limitar algunos riesgos, pero no reduce necesariamente la dependencia. Financiar tecnología sin orientar la adopción puede generar pilotos interesantes, pero no ecosistemas sostenibles. Crear soluciones europeas sin interoperabilidad puede sustituir unos silos por otros. Y hablar de soberanía sin mercado puede quedar en una declaración de intenciones.
Por eso, la soberanía digital exige una estrategia de varias capas:
- Infraestructuras confiables.
- Capacidades tecnológicas propias.
- Estándares abiertos e interoperabilidad.
- Gobernanza del dato.
- Ciberseguridad.
- Talento especializado.
- Cooperación público-privada.
- Adopción real por parte de empresas, administraciones y ciudadanía.
La autonomía digital no consiste en hacerlo todo dentro de Europa ni en aislarse tecnológicamente. Consiste en tener capacidad de elección, capacidad de auditoría, capacidad de sustitución y capacidad de negociación.
IA: oportunidad, dependencia y adopción
La inteligencia artificial ocupa un lugar especialmente relevante en el informe. No solo porque es el ámbito donde las empresas perciben mayor dependencia de proveedores no europeos, sino porque ya está entrando de forma significativa en el tejido empresarial.
El 64% de las empresas afirma haber utilizado alguna inteligencia artificial en el último año. De ellas, un 25% la ha utilizado de manera muy frecuente y un 39% de forma esporádica.
Al mismo tiempo, el 62% de los decisores empresariales considera que la IA es más bien una oportunidad para las empresas, frente a un 30% que la ve más bien como una amenaza.
Este equilibrio es interesante. La IA se percibe como un ámbito de fuerte dependencia externa, pero también como una tecnología con alto potencial de transformación. Las empresas ya la están probando, incorporando y evaluando, aunque todavía con distintos niveles de madurez.
El informe también matiza uno de los debates más habituales: la sustitución laboral. Solo el 13% de las empresas cree que en su organización hay trabajadores que podrían ser sustituidos por una IA, mientras que el 83% cree que no.
Esto no significa que la IA no vaya a transformar el empleo. Lo hará. Pero el informe sugiere que, al menos en la percepción actual de las empresas, el impacto se interpreta más como oportunidad de apoyo, automatización parcial, productividad o mejora de procesos que como sustitución directa y masiva de personas.
La cuestión estratégica para Europa es otra: si la IA va a integrarse en procesos empresariales, servicios públicos, salud, educación, industria o administración, ¿sobre qué datos se entrenará?, ¿en qué infraestructuras se desplegará?, ¿qué proveedores controlarán las capas críticas?, ¿cómo se garantizará la trazabilidad?, ¿qué nivel de dependencia se generará?
Hablar de IA soberana sin hablar de datos, cloud, ciberseguridad e interoperabilidad es incompleto.
Los espacios de datos como respuesta práctica
Una de las respuestas más concretas al reto de la soberanía digital está en los espacios de datos.
Los espacios de datos permiten que distintas organizaciones compartan información bajo reglas comunes, sin necesidad de centralizar todos los datos en una única plataforma. Su lógica es federada: cada participante mantiene el control sobre sus datos, pero puede ponerlos a disposición de otros actores bajo condiciones definidas, trazables y auditables.
Esto permite combinar dos objetivos que a menudo se presentan como contradictorios: compartir datos y mantener soberanía sobre ellos.
En un espacio de datos, la confianza no depende solo de acuerdos informales. Se apoya en componentes técnicos y organizativos: catálogos de datos, conectores seguros, identidad, políticas de uso, contratos, trazabilidad de transacciones, interoperabilidad semántica y modelos de gobernanza.
Este enfoque resulta especialmente útil en sectores donde el valor del dato está distribuido entre muchas organizaciones. Salud, cuidados, movilidad, energía, industria, administración pública o investigación son ejemplos claros.
En estos ámbitos, el problema no suele ser la ausencia total de datos. El problema es que los datos están fragmentados, no siempre son interoperables, se encuentran bajo marcos de acceso complejos y, en muchos casos, no pueden compartirse sin garantías reforzadas.
Los espacios de datos no resuelven todos los problemas de la soberanía digital, pero sí ofrecen una vía práctica para aterrizarla: definir quién puede acceder a qué datos, bajo qué condiciones, con qué propósito, con qué trazabilidad y con qué controles.
De la preocupación a la capacidad real
El informe de Fundación Telefónica y Metroscopia deja una fotografía clara: la ciudadanía y las empresas perciben la dependencia tecnológica europea, muestran preocupación por el uso de sus datos, consideran importantes las infraestructuras propias y ven la inteligencia artificial como una oportunidad condicionada por la dependencia exterior.
La pregunta ya no es si la soberanía digital importa. La pregunta es cómo se convierte en capacidad real.
Para ello, Europa necesita avanzar en varias direcciones al mismo tiempo:
- Hacer visibles y competitivas las alternativas tecnológicas europeas.
- Reforzar infraestructuras críticas como cloud, centros de datos, redes y ciberseguridad.
- Construir modelos de gobernanza del dato que generen confianza.
- Impulsar la interoperabilidad para evitar nuevos silos.
- Asegurar que la IA se desarrolla y despliega sobre bases confiables.
- Facilitar que administraciones, empresas y centros de investigación puedan compartir datos sin perder control.
Este último punto será especialmente importante. La economía del dato no se construye solo acumulando información. Se construye creando condiciones para que los datos puedan circular de forma segura, gobernada y útil.
Soberanía digital aplicada a sectores sensibles
La soberanía digital se vuelve más concreta cuando se aplica a sectores donde los datos afectan directamente a las personas.
En el ámbito sociosanitario, por ejemplo, los datos pueden ayudar a mejorar la coordinación entre salud y servicios sociales, anticipar necesidades, reducir duplicidades, apoyar la atención temprana, mejorar la teleasistencia o facilitar decisiones mejor informadas.
Pero también son datos especialmente sensibles. Por eso, cualquier uso debe apoyarse en privacidad, seguridad, trazabilidad, consentimiento, interoperabilidad y control.
En este contexto se sitúan iniciativas como ZAINDATA, orientada a explorar cómo los espacios de datos pueden contribuir a una compartición más segura e interoperable de información en el ámbito de los cuidados. Su valor no está en sustituir la relación profesional ni en centralizarlo todo (pues no lo hace), sino en ensayar modelos de colaboración donde los datos puedan generar mejores servicios sin renunciar a la soberanía, la confianza y el control.
Conclusión
La soberanía digital europea no se construirá solo con discursos, ni únicamente con nuevas plataformas. Requiere infraestructuras robustas, tecnologías competitivas, datos gobernados, estándares compartidos, ciberseguridad, interoperabilidad y adopción real.
El informe muestra que la preocupación existe. También muestra que hay disposición a priorizar soluciones europeas si ofrecen calidad, utilidad y confianza.
El siguiente paso es pasar de la percepción a la capacidad. De la dependencia asumida a la autonomía operativa. De la preocupación por los datos a modelos que permitan compartirlos con garantías. Y de la IA como tendencia a una inteligencia artificial apoyada en infraestructuras, datos y reglas alineadas con los valores europeos.
La soberanía digital no consiste en cerrar Europa. Consiste en que Europa pueda decidir.